El año pasado, la estrella del pop Britney Spears iniciaba una guerra contra su padre y representante, James, para conseguir su independencia vital y financiera. La cantante, tal y como declaró a los medios, culpa a su progenitor de haber estado aprovechándose de ella y de su fama desde que en 2008 un tribunal dictaminase que no era capaz de tomar sus propias decisiones tras un ingreso en una clínica de salud mental. Por ello, su custodia y tutela legal cayó a manos de su padre, que hasta ahora había pasado inadvertido por los medios y los fans.
No hace falta mencionar que la fama de Spears resolvió todos los problemas financieros por los que pasaba la familia. Según 'Forbes', James recibe desde febrero de 2009 una cantidad mensual de cerca de 16.000 dólares. Un montante de dinero del que la artista no puede disfrutar porque, según ella, su padre le impedía hacer la más mínima compra o salir a dar una vuelta con el coche, algo que no deja de resultar injusto teniendo en cuenta que tiene ya 38 años y hace mucho que pasó su última crisis. Los fans se volcaron con la cantante (que en 2002 fue nombrada como "la 'celebritie' más poderosa de Hollywood") después de que esta verbalizara la enorme presión y control que su padre había estado ejerciendo sobre ella. Incluso, entre algunos corre la sospecha de que esté mandando mensajes subliminales en los que pide auxilio en sus 'tuits' y publicaciones de Instagram. Este mismo mes saltaba la noticia de que por fin James Spears renunciaba a la tutela de su hija alegando que "es lo mejor para ella".
"Miles de tutores, abogados y corporaciones dominan activos valorados en miles de millones de dólares de otras personas a las que controlan"
Recientemente, una investigación de 'BuzzFeed News' realizada por los periodistas Heidi Blake y Katie JM Baker ha destapado las irregularidades del sistema de tutela legal en Estados Unidos, el cual, según ellos, se ha convertido en "una industria vasta, lucrativa y mal regulada que ha colaborado con el sometimiento de más de un millón de personas, muchas de las cuales siguen insistiendo en que son capaces de tomar sus propias decisiones, poniéndolas en riesgo de abuso, robo e incluso muerte". Al parecer, hay una gran red de tutores, abogados, jueces y testigos que están sacando un gran provecho económico y financiero de este sistema de protección social, arrebatando la libertad civil a cientos de personas y poniéndola en manos de terceros que también sacan partido.
El negocio de ser tutor legal
Los afectados pueden perder sus derechos a votar, casarse, formar una familia, decidir su lugar de residencia, dar su consentimiento para someterse a tratamientos médicos (precisamente Spears denunció que su padre ordenara ingresos en clínicas reiteradas veces), gastar dinero o buscar un empleo. "Miles de tutores profesionales, abogados y corporaciones dominan activos valorados en miles de millones de dólares de otras personas a las que controlan", afirman los periodistas. "Y a pesar de que existe la percepción pública de que la tutela es una medida de protección para adultos mayores que están al borde de la muerte, el sistema atrapa a un gran número de jóvenes".
"Nuestra investigación revela un sistema opaco, descuidado y defectuoso que tiene un gran poder desconocido y aterrador"
Blake y Baker accedieron a cientos de miles de documentos judiciales en los que obtuvieron informes confidenciales sobre la salud mental y el nivel económico de los sujetos. A su vez, examinaron cientos de casos de tutelaje a través de entrevistas y revisiones a las leyes que permiten este sistema en Estados Unidos. "Nuestra investigación revela un sistema opaco, descuidado y defectuoso que tiene un gran poder desconocido y aterrador", recalcan.
Historias como la de Elizabeth Hensley, la cual fue despojada de sus derechos y asignada un tutor legal por mientras recibía tratamiento para la depresión en un hospital de Florida. Esta mujer, de 59 años de edad, con autismo y un historial de problemas de salud mental, suplicó al juez que no le asignara un tutor para volver con su pareja a la casa que mantenían en común, donde la esperaban "sus preciosos gatos y el jardín". Sin embargo, se le asignó un tutor profesional que supuestamente iba a ayudarla, pero en vez de eso la mantuvo "bajo encierro" aprovechándose de sus ahorros e ingresos mientras tanto y sin el permiso del juzgado. En Estados Unidos, muchos abogados acaban dedicándose al tutelaje profesional, y calculan que hay alrededor de 500 que abusan de su posición legal para lucrarse y obtener pingües beneficios de este sistema.
La tragedia de Carl DeBrodie
El caso de Hensley es uno de ellos, pero no el peor de todos. Algunos, como el de Carl DeBrodie, un niño discapacitado del condado de Conway, en Arkansas, acabó en tragedia. Él vivía feliz con sus padres adoptivos hasta que cumplió la mayoría de edad y fue puesto, sin su consentimiento, bajo el control de una tutora pública llamada Karen Digh Allen, alguien que llevaba desde 1997 dedicándose a gestionar la vida de personas discapacitadas sin recursos económicos ni nadie quien les cuidara. Así, llevó al joven DeBrodie a un centro llamado Second Chance. Su madre adoptiva, llamada Mary Martin, le sorprendió lleno de cortes y magulladuras en una de sus visitas. Entonces, denunció las lesiones y solicitó adoptarlo como persona adulta, a lo que Allen se negó.
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A Martin le prohibieron ver a su hijo en adopción en un documento confidencial al que tuvieron acceso los periodistas de 'BuzzFeed News'. Más tarde descubrieron que Second Chance disfrutaba de jugosos incentivos fiscales para retener a personas como DeBrodie. Al cabo de un tiempo, el joven desapareció y sus padres adoptivos, que lo habían mantenido y cuidado durante toda su vida, dejaron de verlo. No fue hasta pasados siete meses cuando sus restos fueron encontrados en un almacén. Los cuidadores de Second Chance le habían alojado en el sótano que utilizaba un empleado y le negaron atención médica cuando su situación empeoró, muriendo solo y desatendido. Por si fuera poco, escondieron su cadáver y falsificaron los documentos médicos que le describían "disfrutando de bocadillos y bailando para poder recaudar 100.000 dólares para su seguro médico".
El juez declaró que el caso de DeBrodie había sido "uno de los más deplorables, depravados e inquietantes" a los que se había enfrentado después de que varios trabajadores de Second Chance reconocieran su culpabilidad en su muerte. Allen, por su parte, se negó a responder preguntas sobre su papel en el caso, alegando que había actuado con toda la profesionalidad y neutralidad de la que siempre había hecho gala. Actualmente, todavía ocupa su cargo y tiene bajo tutela a 130 personas. Además, este mismo año fue nombrada administradora pública del año en Missouri.
"El estado les paga a los tutores públicos para que se hagan cargo si nadie más está dispuesto a hacerlo"
"Las tutelas públicas para personas que tienen poco o ningún dinero constituyen una gran parte de esta industria", reconocen Blake y Baker en su artículo de investigación. "En todo Estados Unidos, los jóvenes que se encuentran en hogares grupales, escuelas especializadas o estancias de crianza temporal son empujados directamente a la tutela tan pronto cumplen la mayoría de edad. Por lo general, el estado les paga a los tutores públicos para que se hagan cargo si nadie más está dispuesto a hacerlo. En tales casos, los jueces suelen conceder la eliminación total de sus derechos".
Las conclusiones de la investigación
Ante este aluvión de casos que hasta ahora eran invisibles, los periodistas concluyeron que "se han identificado 20 casos en los que personas jóvenes o de mediana edad murieron en circunstancias cuestionables, ya fuera por homicidio, negligencias graves o desnutrición". Además, "las personas bajo custodia han sido encerradas y aisladas de su familia y amigos, y los tutores tienen órdenes de poner restricciones para que pudieran acercarse a ellos". Por si fuera poco, "los tutores pueden obligarles a someterse a procedimientos médicos invasivos, incluida la implantación de métodos anticonceptivos".
Del mismo modo, también se han reportado casos de tutores que han concedido órdenes de no reanimar (ONR) a personas "con enfermedades mentales pero físicamente sanas, bloqueando el acceso a tratamientos que podrían haberles salvado la vida". A su vez, estos tutores "han robado decenas de millones de dólares a cientos de personas y se han aprovechado de las leyes opacas de fondos fiduciarios para ocultar su actividad financiera a los tribunales", Y, por supuesto, "otras tantas personas se han visto atrapadas por la custodia de parientes controladores que mermaron su capacidad de tener relaciones sociales o románticas", así como "elegir dónde vivir o expresar su identidad de género".
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Por el momento, queda por ver cómo reacciona la justicia estadounidense ante este trabajo de investigación que ha desvelado y compilado todas estas irregularidades. Son casos aislados, como reconocen los propios periodistas, pero no por ello han detectado "fallos sistémicos detrás de las mismas", debido tal y como reconocen a esa red paralela en la que abogados, jueces, tutores y funcionarios se enriquecen a costa de las víctimas. Lo que está claro es que si no llega a ser por la labor investigadora, toda esta serie de trágicas historias en personas tan vulnerables podría estar repitiéndose.
Fuente: El Confidencial
